Esta nota informativa lleva a cabo una aproximación para establecer los criterios corporativos de judicialización, al margen de que estos puedan adaptarse a los requerimientos específicos de cada cliente. Entre otros aspectos, TARSSO recomienda que las compañías fijen un importe mínimo para acudir a la reclamación judicial y realicen una reflexión para analizar la conveniencia de anotar embargos.
