Pese a que el Gobierno de España ha impuesto obligatoriamente el cierre al público de numerosos locales y establecimientos minoristas, hasta la fecha ninguna de las normas dictadas durante el estado de alarma contiene una previsión concreta sobre el pago de la renta correspondiente a esos locales y establecimientos. Existe, por ello, un vacío normativo que puede dar lugar tanto a numerosos conflictos, como a una oportunidad para ambas partes.

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